Esta iniciativa, que también responde a los compromisos asumidos con el Fondo Monetario Internacional (FMI), busca institucionalizar el BCRA y desmantela dos propuestas clave que Javier Milei presentó durante su campaña presidencial de 2023: el cierre de la entidad (ahora se pretende reforzar su independencia) y la dolarización de la economía (el enfoque ha pasado de “el peso no puede valer ni excremento” a priorizar la preservación de su valor como mandato del BCRA).
La intención oficial es que estos principios queden consagrados en una ley y trasciendan el actual gobierno, con el fin de aportar mayor estabilidad al esquema monetario y fiscal. El proyecto se inserta en una estrategia más abarcativa que el equipo económico está implementando para llegar a las elecciones de 2027 con una arquitectura financiera robusta.
Dentro de esta estrategia, se incluyen el programa financiero presentado a inicio de julio y un conjunto de herramientas diseñadas para fortalecer la capacidad de reacción del BCRA ante posibles episodios de volatilidad cambiaria.
Uno de los elementos fundamentales de este plan es la acumulación de reservas. Tras interrumpir por un día una racha de 135 jornadas consecutivas de compras para mitigar mayores presiones sobre el tipo de cambio, el BCRA reanudó las adquisiciones y cerró julio con un saldo comprador de u$s2.162 millones. En lo que va de 2026, el total acumulado asciende a u$s13.327 millones, el segundo mayor nivel para este período desde 2003, solo superado por 2024.
El poder de intervención del BCRA también se apoya en el swap de monedas con China, de próxima renovación, y en la reciente ampliación de líneas repo con bancos internacionales, así como en la actividad en el mercado de dólar futuro y la venta de bonos dólar linked. A inicios de junio, el vicepresidente de la entidad, Vladimir Werning, explicó que se busca contar con un respaldo estimado de u$s22.000 millones a través de estas herramientas para manejar un posible aumento en la demanda de dólares durante el proceso electoral. Este esquema no descarta la posible activación del swap con Estados Unidos, que es considerado el prestamista de última instancia, aunque Luis Caputo precisó que este acuerdo tendría que ser re-negociado con Washington.
Simultáneamente, el Tesoro ha seguido utilizando las licitaciones de deuda para despejar el calendario financiero del año próximo. En la última colocación, más del 45% de los títulos colocados tiene vencimiento posterior a 2027. La consultora 1816 señala que este porcentaje es el segundo más alto del año, lo que permitió reducir los vencimientos que enfrenta la administración actual a apenas u$s6.600 millones. Estas medidas apuntan a permitir que el Gobierno llegue al proceso electoral de 2027 con una posición financiera más sólida y una mayor capacidad de manejar eventuales choques cambiarios, así como a disminuir las necesidades de financiamiento a corto plazo.
Con el Mundial ya culminado, la atención se ha vuelto a centrar en la agenda interna. Mientras el calendario electoral recobra relevancia en la política, el mercado ha aumentado su escrutinio, y cierta inquietud, sobre la evolución de la economía real y su efecto en el clima social.
Aunque la desaceleración inflacionaria sigue siendo uno de los principales logros del Gobierno —pese a las discrepancias en las estimaciones privadas para julio—, empiezan a cobrar protagonismo otros indicadores vinculados a la economía real. Uno de los más vigilados por el mercado es el Índice de Confianza en el Gobierno (ICG) que elabora la Universidad Torcuato Di Tella, dada su fuerte correlación histórica con el apoyo electoral de los oficialismos. En julio, este índice cayó 6,5% y alcanzó su punto más bajo desde el inicio de la gestión de Javier Milei.
El descenso se comprobó de manera casi general, pero fue especialmente notorio entre los jóvenes de 18 a 29 años, un sector crucial para el triunfo electoral del Presidente. También se registró un considerable descenso en el Gran Buenos Aires, una de las áreas más impactadas por el actual modelo económico, y entre los hombres, un grupo donde el oficialismo tradicionalmente muestra niveles de apoyo superiores a la media. A pesar de esta caída, el indicador sigue por encima de los niveles que mostraban Cristina Kirchner y Alberto Fernández en la misma etapa de sus mandatos, aunque ya por debajo del registro de Mauricio Macri.
Diversos indicadores ayudan a esclarecer estas cifras. El empleo privado registrado presenta 11 meses consecutivos de caídas y, desde finales de 2023, se han perdido más de 230.000 puestos de trabajo formales, de acuerdo con datos oficiales. A diferencia de lo ocurrido en la recuperación de 2024, donde algunos sectores contrarrestaban las caídas en otros, hoy incluso las actividades más activas han dejado de generar empleo. Asimismo, la creación de nuevas empresas ha regresado a niveles similares a los que se observaron tras la crisis de 2001-2002, mientras que el cierre de empresas y la reducción de personal indican que el deterioro se ha generalizado en mayor medida por el entramado productivo, según CP Consultora.
La evolución de los ingresos también busca reflejar el descontento social. Un estudio del economista Nadin Argañaraz muestra que, desde el inicio del gobierno de Milei hasta mayo de 2026, los empleados privados registrados han acumulado una pérdida equivalente a un salario completo del mes de noviembre de 2023, mientras que los empleados públicos nacionales han perdido el equivalente a 8,8 salarios. Aunque algunos análisis privados sugieren que se han empezado a ver señales tempranas de mejora en el ingreso disponible de los hogares en abril y mayo (se anticipa que esta tendencia continúe en junio), este indicador sigue estando un 1,8% por debajo del nivel de diciembre de 2023, según un relevamiento de Empiria.
De cara al futuro, el consenso del mercado proyecta que la actividad mantendrá una leve tendencia ascendente, aunque a distintas velocidades. Tras un junio que, según la consultora de Orlando Ferreres, mostró una ligera mejora de 0,4% respecto de mayo, se espera que los sectores de energía, minería y agroContinúen liderando el crecimiento.
El verdadero desafío se presentará en sectores más rezagados como la industria, el comercio y la construcción. En este último ámbito, el Gobierno busca que los dólares de reserva, la Red Federal de Concesiones —que contempla más de 9.000 kilómetros de rutas— y las inversiones asociadas a los proyectos aprobados bajo el RIGI actúen como nuevos motores de la actividad.
Este será el principal examen de la segunda mitad del año. Después de concentrar esfuerzos en estabilizar la macroeconomía y fortificar el frente financiero, el reto del Gobierno es reducir la heterogeneidad sectorial y asegurar que esa mejora se sienta con mayor intensidad en la economía cotidiana.
En este contexto, el Gobierno parece comenzar a ofrecer señales hacia uno de los segmentos más afectados de la economía: las pequeñas y medianas empresas (pymes). Pocos días después de la visita de Kristalina Georgieva, quien demandó un crecimiento “más amplio” y “equilibrado”, con un mayor alcance hacia las empresas y las familias, Caputo anunció un incremento de $50.000 millones en los reintegros de IVA para pymes con saldos a favor, que se suma a un reciente plan de facilidades de pago de ARCA para regularizar deudas tributarias. Ambas medidas buscan mitigar la situación del sector, aunque las cámaras empresariales advierten que persisten problemas estructurales, como la debilidad de la demanda, la presión fiscal y la creciente competencia de las importaciones.
En definitiva, el mercado observará de cerca si los salarios reales logran consolidar alguna mejora, si la morosidad familiar —que se sitúa en torno al 13%— comienza a disminuir (sin un aumento en junio) y si el crédito privado recobra impulso y se convierte en un nuevo motor de la actividad, algo que actualmente parece complicado. El éxito de esta nueva etapa dependerá cada vez menos de la organización financiera y más de la capacidad del programa económico para transformar la estabilidad macro en una mejora tangible en la actividad, el empleo, los ingresos y el consumo antes de que el calendario electoral de 2027 comience a imponer sus propios ritmos.
