Pedro Simón, fiscal de primera instancia en Santiago del Estero, había apelado la decisión del juez federal Sebastián Argibay, quien había ordenado que el expediente se enviara a Campana. Sin embargo, dos horas después, Argibay fue apartado del caso tras descubrirse que su hija, Pilar Argibay, había vendido un terreno a Darío Toviggino, hermano de Pablo. A pesar de este cambio, la decisión relativa a la competencia no anuló las resoluciones previamente adoptadas.
En el caso en cuestión, Simón había acusado a los jerarcas de la AFA de operar una asociación ilícita y lanzar un plan para lavar dinero que data de 2018. El dictamen establece que los fondos ilegales provenían de tres fuentes: un fraude en perjuicio de la AFA; la falta de pago de impuestos correspondientes a ARCA mediante la tergiversación de la deuda tributaria al Fisco Nacional, utilizando facturas que se sospechan fraudulentas; y la omisión en la liquidación de divisas así como en la compra de moneda extranjera en el mercado negro.
Simón solicitó la indagatoria y detención de Tapia y Toviggino, pero su acusación incluyó un total de 26 personas. En esta lista se encuentran dos hijos del tesorero de la AFA; su hermano, Darío Fabián; su exmujer, María Julia Del Castillo Orellana; su actual pareja, María Florencia Sartirana; el abogado Juan Pablo Beacon (antiguo asesor), Carlos Bruno Seguel (asistente de Beacon), así como quienes son identificados como los propietarios de la mansión en Pilar: Luciano Pantano y su madre, Ana Lucía Conte, quien es jubilada.
El mismo día que Argibay regresó de sus vacaciones, firmó una resolución de 39 páginas en la que desestimaba la denuncia. Según Simón, este proceso se realizó en un tiempo récord. “A las 11:23:55 comunicó que retomó sus funciones y formó incidente de recusación ante lo peticionado por esta Fiscalía. A las 12:58:02, ordena la desestimación del requerimiento de instrucción y la incompetencia a Campana”, indicó Simón en su apelación.
Cuando se creía que la Cámara de Tucumán podía anular el fallo, el fiscal general optó por no sostener el recurso, dejando la situación en un vacío jurídico. Vehils Ruiz argumentó que el juzgado de Campana “ya se encuentra interviniendo de manera activa y ejerciendo el control jurisdiccional en investigaciones previas que guardan una íntima conexidad objetiva y subjetiva con el entramado analizado.”
