En este contexto, Gustavo Weiss, presidente de la Cámara Argentina de la Construcción (Camarco), realizó un diagnóstico contundente sobre la situación del sector y las repercusiones de la crisis en las compañías y sus trabajadores. “La inmensa mayoría de las empresas constructoras despidió mucho personal, por supuesto, se achicó drásticamente. Algunas empezaron procesos de cierre. Hay convocatorias de acreedores”, afirmó en una reciente entrevista.
Weiss indicó que, en los últimos tres años, el sector ha perdido 120.000 empleos de un total de 500.000, con lo que se ha convertido en el área que más empleo ha perdido. La mayor parte de esta disminución se produjo en el primer año, y desde entonces, la ocupación no ha logrado recuperarse. “En realidad no seguimos cayendo, no crecemos. Estamos estabilizados”, comentó.
No obstante, esa estabilidad esconde marcadas diferencias según las regiones del país. Weiss mencionó que Neuquén y Río Negro fueron las únicas provincias que experimentaron una evolución positiva en el empleo, principalmente gracias a la actividad relacionada con Vaca Muerta. En otras áreas del país, el decrecimiento fue mucho más severo, con contracciones de entre el 70% y el 80% en algunas provincias.
La situación es especialmente complicada en aquellas jurisdicciones más dependientes de la inversión pública nacional, donde muchas empresas operan con niveles de actividad casi nulos. En respuesta, las constructoras están implementando diversas estrategias para sobrevivir: recortando personal, utilizando ahorros e, incluso, vendiendo maquinaria y otros activos. “Muchas aguantarán lo que puedan”, resumió Weiss.
La reducción de empleos formales también ha originado consecuencias indirectas. Weiss señaló que cada trabajo directo genera trabajos indirectos en servicios y fabricación de materiales relacionados con las obras. Aquellos que quedaron fuera del mercado laboral formal se han visto obligados a recurrir a trabajos informales, “haciendo lo que pueden”, describió.
El presidente de Camarco atribuyó esta situación a dos problemas fundamentales. En primer lugar, señaló que la inversión en obra pública a nivel nacional está “prácticamente paralizada”, apuntando que las obras en ejecución se pueden contar “con los dedos de una mano”. Sin embargo, destacó la actividad provincial en Santa Fe, Córdoba, Mendoza, la Ciudad de Buenos Aires y Neuquén.
En segundo lugar, la obra privada tampoco logra compensar esta caída. Weiss explicó que el costo para construir un metro cuadrado oscilaba entre USD 600 en noviembre o diciembre de 2023, mientras que actualmente se sitúa entre USD 1.700 y USD 1.800. Relacionó este aumento con el comportamiento del dólar y el incremento de los costos internos, subrayando que los precios alcanzaron niveles que el mercado no acepta.
En este complicado panorama, Weiss enfatizó la necesidad de revitalizar el crédito hipotecario, considerándolo una “buena medida” la decisión de liberar parcialmente recursos del Fondo de Garantía de Sustentabilidad (FGS). “Es imprescindible dinamizar el crédito hipotecario para que muchas familias de clase media puedan acceder a una vivienda”, aseguró.
Explicó que los bancos requieren financiamiento a largo plazo y sugirió que el FGS podría desempeñar ese papel. También mencionó una propuesta de Camarco para destinar recursos del Fondo de Asistencia Laboral (FAL) a la compra de hipotecas, aunque esta alternativa no fue incluida en la reglamentación de la Comisión Nacional de Valores.
Según sus estimaciones, el FAL generará entre USD 2.200 millones y USD 2.500 millones anuales, de los cuales entre el 3% y 4% se destinaría a indemnizaciones. Weiss considera que podría quedar un remanente de aproximadamente USD 2.000 millones anuales que podría utilizarse para financiar hipotecas.
La situación de la infraestructura también es primordial en su análisis. Weiss aclaró que el deterioro de rutas, hospitales y escuelas no es un problema exclusivo de la actual gestión, sino el resultado de décadas de inversión insuficiente. “La infraestructura argentina está en muy mal estado en términos generales”, aseguró.
Para ilustrar la magnitud del problema, citó estudios realizados por el área de pensamiento estratégico de la cámara. Aclaró que reconstruir desde cero toda la infraestructura existente a niveles nacional, provincial y municipal requeriría USD 1,5 billones, mientras que su valor actual, debido al deterioro acumulado, es de aproximadamente USD 600.000 millones.
Siguiendo parámetros internacionales que calculan una amortización del 4% anual, Weiss estimó que el país debería destinar USD 24.000 millones al año solo para el mantenimiento. “No estoy hablando de modernizar un hospital, de agrandar, de hacer una autopista. Es solo mantenimiento”, enfatizó. Según sus afirmaciones, la inversión promedio en los últimos años no alcanzó a un tercio de esta cifra.
El presidente de Camarco agregó que, para mantener un crecimiento económico de entre 3% y 4% anual en los próximos 20 o 30 años, Argentina necesitaría una inversión de alrededor del 25% del producto. Dentro de este marco, calculó que la infraestructura pública y privada requeriría unos USD 54.000 millones anuales, incluyendo mantenimiento, reparaciones y nuevas obras.
A pesar del panorama complicado que describió para el sector, Weiss subrayó la importancia de avanzar hacia una normalización macroeconómica. Abogó por mantener las cuentas fiscales equilibradas, reducir la inflación y restaurar la confianza para acceder a crédito y atraer inversiones. “Argentina tiene que, definitivamente, tomar el camino hacia un país normal en términos macroeconómicos”, afirmó. Sin embargo, advirtió sobre los efectos derivados del período de transición.
Para ilustrar esa situación, utilizó el concepto de “crecimiento en letra K” que presentó el economista Ricardo Arriazu durante la convención anual de Camarco. En la curva ascendente situó a los sectores de minería, agro y petróleo; en la descendente, a construcción, industria y comercio.
Weiss mencionó que otros procesos de reordenamiento económico en el ámbito global han requerido años y destacó que, durante esa transición, es crucial prestar atención a los sectores que están viendo caer su actividad. Aclaró que esto no implica “regalar dinero”, implementar un “plan platita” ni emitir dinero, sino que se deben adoptar políticas proactivas que permitan mantener cierto nivel de actividad.
En este sentido, criticó al Gobierno por los recursos derivados del impuesto a los combustibles, argumentando que “el Gobierno recauda los fondos y no los aplica donde tiene que hacerlo. Ahí estamos totalmente en desacuerdo”. También cuestionó la suspensión de contratos financiados por entidades internacionales como el Banco Mundial, BID y CAF, algunos de los cuales ya estaban muy avanzados o cerca de concluir. “La pérdida patrimonial y el costo que eso representa para el país es enorme”, subrayó.
El presidente de Camarco reafirmó la necesidad de mantener la dirección hacia un ordenamiento macroeconómico, pero solicitó medidas para apoyar las actividades más afectadas durante la transición. “Hay un sector que está sufriendo terriblemente, hay empresas que se están fundiendo, están desapareciendo”, advirtió. “Reconstruir y formar una empresa es muy complicado. Volver a contratar gente es un desafío difícil”, añadió. Concluyó sugiriendo que el Gobierno podría abordar esta problemática “sin descuidar el aspecto fiscal.
