Según fuentes vinculadas al caso, el juez federal de San Isidro, Lino Mirabelli, ha establecido varias medidas para examinar los activos de Leal y otros imputados en el contexto de posibles sobornos relacionados con un contrato directo a una empresa de logística. “Se ordenaron medidas de prueba sobre la trazabilidad del patrimonio”, explicó una fuente judicial consultada, añadiendo que se solicitó información al Banco Central de la República Argentina (BCRA) para detallar los movimientos económicos del ex funcionario.
Leal fue detenido a finales de mayo durante un allanamiento en sus dos residencias: un departamento en la ciudad de Buenos Aires y una casa en Mendoza. En el operativo se hallaron 2,4 millones de dólares en efectivo, monedas extranjeras, un equipaje con 19 elementos de espionaje y diversas sustancias ilegales que incluían 128 gramos de ketamina, 164 gramos de cristal MDMA, 72 pastillas de MDMA, 14 gramos de cocaína, un vapeador con cannabis y 15 cucharas para consumo.
El procedimiento se había solicitado inicialmente para reunir pruebas sobre la corrupción y no contaba con orden de detención, pero la presencia de droga llevó a su arresto. Leal argumentó que las sustancias eran para consumo personal, y el juez Mirabelli debe decidir si lo procesa y mantiene su detención.
Además, esta semana han comenzado los peritajes sobre el equipo de espionaje encontrado en la vivienda de Leal. “Se pudo acceder a parte del material y se está analizando si tenía contenido”, indicó una fuente cercana a la investigación.
En el caso se está investigando el pago de sobornos por parte de la empresa Argentina Logistic Services (ALS) a funcionarios de ARSAT, con el fin de obtener un contrato para almacenar materiales para el ‘Proyecto Shelter-2 de ARSAT’. Este expediente se originó en 2024 a raíz de un robo; en enero de ese año, personal de ARSAT detectó que 17 contenedores habían sido vulnerados y se habían sustraído cables de fibra óptica, lo que desató una investigación judicial que reveló una red de corrupción.
La empresa no cumplía con las condiciones de seguridad requeridas, como la falta de cámaras de vigilancia, y el contrato había sido concedido tras una supuesta simulación de competencia, evitando así el proceso de licitación habitual. En la contratación directa participaron tres empresas relacionadas entre sí a través de sus directivos.
El fiscal Domínguez está manejando la indagatoria de hasta una docena de acusados, incluyendo a Leal, ex funcionarios de ARSAT y representantes de la empresa privada.
Paralelamente, Leal ha sido imputado esta semana en otra causa por corrupción. Fundador de ARSAT, ocupó la presidencia de la empresa durante el gobierno de Alberto Fernández, y con la llegada de Javier Milei al poder continuó en su puesto hasta 2025, cuando se hizo cargo del ORSNA. En febrero de este año dejó ORSNA y regresó a ARSAT como empleado fijo.
Su gestión en ORSNA ha ocasionado que el fiscal federal Ramiro González lo impute junto a otros altos funcionarios por posibles irregularidades. La diputada nacional Marcela Pagano, que antes respaldaba al partido de Milei, denunció la existencia de un esquema en el cual se exige un 10 por ciento de coimas para acceder a negocios.
Este sistema, según Pagano, implicaba a empresas viales como “Agro”, “Lemiro Pietroboni”, “Cemisa” y “Centro Construcciones”, manteniendo un entramado en el que Leal continuaría controlando el organismo.
Tras la salida de Leal del ORSNA, Noelia Ruiz, quien era su vice, asumió la presidencia. Lucila Pagani tomó la vicepresidencia, y Facundo Gaitán fue asignado como “controller” con funciones de supervisión. Todos ellos han sido también imputados por el fiscal González, quien ha solicitado al juez federal Marcelo Martínez De Giorgi las medidas de prueba pertinentes.
La Fiscalía ha pedido que se agregue un informe de la empresa Nosis sobre la situación patrimonial de los cuatro imputados y de las empresas mencionadas en la denuncia. También requiere que ORSNA envíe a la justicia los legajos de los funcionarios y la información sobre todas las obras adjudicadas a dichas compañías. Finalmente, solicitó que diversas entidades informen sobre denuncias relacionadas con las adjudicaciones a esas empresas.
