Además, se buscará cuestionar el Decreto de Necesidad y Urgencia (DNU) 70/23, tras el reciente fallo de la Corte Suprema que restableció la vigencia del artículo 154, el cual elimina los límites a la venta de tierras a extranjeros. Este cambio representa un revés político inesperado para el Gobierno y reabre el debate en torno al megadecreto de 2023, que ya fue rechazado por el Senado en 2024 y que nunca fue discutido en la Cámara baja.
La estrategia de la oposición al reunir estas tres iniciativas es clara: garantizar el quórum necesario para habilitar el debate en el recinto. Para lograr esto, necesitan reunir a 129 diputados, y una vez alcanzada esa cifra, una mayoría simple —la mitad más uno de los presentes— será suficiente para desestimar el DNU que Milei impulsó cuando llevaba apenas un mes en el cargo.
Hasta la noche de ayer, no se contaba con los apoyos necesarios para convocar a la sesión. Entre las incertidumbres, se encontraba la fecha. Algunos legisladores proponían adelantar el debate a este miércoles, pero existía el temor de que se registraran ausencias debido a que varios diputados viajarán a Brasil para las elecciones presidenciales de este fin de semana.
Finalmente, se determinó que el debate se llevará a cabo el jueves 15, una fecha que no se elige al azar: está diseñada para coincidir con una movilización estudiantil que exigirá mayor financiamiento para las universidades, los docentes y los hospitales universitarios.
Como parte de esta maniobra, el bloque de Unión por la Patria, liderado por Germán Martínez, acordó incluir en el orden del día los proyectos relacionados con discapacidad y morosidad. Esto no solo les aseguró el respaldo de Oscar Herrera Ahuad, exgobernador de Misiones y líder del bloque provincial Argentina Federal, sino también el apoyo de algunos sectores del centro que tienen reparos frente al megadecreto. Además, este acuerdo les permitió adelantarse a las intenciones del Gobierno, que había dejado entrever su deseo de convocar a una sesión el 21 de octubre para discutir discapacidad, morosidad y un proyecto de ley sobre la defensa de la soberanía nacional respecto de las Islas Malvinas.
De este modo, la oposición busca imponer su propia agenda al Gobierno, aunque aún se encuentra lejos de contar con los votos necesarios para aprobar las tres iniciativas, especialmente en lo que respecta a discapacidad, ya que el oficialismo presentó un proyecto que prácticamente valida la prórroga de la emergencia y el rechazo del DNU.
En cuanto a la morosidad, la oposición podría tener un camino más despejado. Algunos diputados creen que el proyecto oficialista no ofrece una solución a la urgencia del endeudamiento, una realidad que podría jugar a favor de los bloques críticos.
