El 4 de junio pasado, el Senado había aprobado 74 pliegos para la incorporación de nuevos jueces al Poder Judicial Nacional, en una sesión que generó tensiones internas por la cantidad de candidaturas a discutir. Luego de un cuarto intermedio de más de media hora y negociaciones intensas, se llegó a un consenso para considerar los 73 pliegos originales y el de la jueza María Verónica Michelli, a pesar del veto impuesto por el presidente Javier Milei. En esa ocasión, también se votó el financiamiento a dos fondos de inversión y el proyecto relacionado con la inviolabilidad de la propiedad privada.
En el ámbito civil, se designaron jueces de primera instancia en distintos juzgados nacionales de la Capital. Los nuevos nombramientos incluyen a Santos Enrique Cifuentes (Juzgado N° 25), Julián Herrera (N° 44), Germán Augusto Degano (N° 64), Juan Martín Balcazar (N° 95), Gabriela Mariel Palopoli (N° 94), Javier Alberto Santiso (N° 5), Paula Diana Marinkovic (N° 77) y Ezequiel Javier Sobrino Reig (N° 80). En la Cámara Nacional de Apelaciones en lo Civil, los vocales que se suman son Lucila Inés Córdoba (Sala K), Osvaldo Felipe Pitrau (Sala F), Paula Andrea Castro (Sala F) y Samanta Claudia Biscardi (Sala E).
En el área penal, la renovación fue significativa. La Cámara Nacional de Apelaciones en lo Criminal y Correccional recibió a Santiago Quian Zavalía (Vocalía N° 20) y Yamile Susana Bernan (Vocalía N° 14). En los Tribunales Orales en lo Criminal y Correccional de la Capital Federal, los nuevos jueces son Nicolás Antonio Pacilio (TOC N° 1), Hugo Fabián Decaria (TOC N° 3), Ivana Sandra Quinteros (TOC N° 20), Nicolás Ramón Ceballos (TOC N° 7) y Marcelo Alejandro Peluzzi (TOC N° 2). Además, Laura Fabiana Kvitko fue nombrada jueza del Juzgado Nacional en lo Criminal y Correccional N° 23, Pablo Federico Moya en el N° 47, Diego Javier Souto en el N° 31, Mariano Francisco Amaduri en el N° 7, Santiago José Jaimes Munilla en el N° 59 y Santiago Alberto Poncio en el N° 13.
En el fuero federal penal, los nombramientos también abarcaron diversas regiones del país. Para los Tribunales Orales Federales de San Martín fueron designados Mario Alberto Ferrario (TOF N° 2), Javier Matías Arzubi Calvo (TOF N° 5) y Juan Manuel Gaset Maisonave (TOF N° 5). En La Plata, Jésica Yael Sircovich asumió en el Tribunal Oral en lo Criminal Federal N° 1, mientras que Emilio Santiago Faggi fue integrado a la Cámara Federal de Apelaciones de La Plata, Sala III.
El fuero federal del interior también recibió nuevas designaciones: Diego Anzorreguy en el Juzgado Federal de Primera Instancia N° 2 de Salta, Pablo Antonio Matkovic en el Tribunal Federal de Juicio de Neuquén, Gerardo Daniel Cacace en Formosa, y Leandro Agustín Gómez Constenla en el Juzgado Federal de San Carlos de Bariloche. Sebastián Guillermo Soneira (Sala A) fue nombrado vocal en la Cámara Federal de Apelaciones de Mendoza.
En el ámbito comercial, Juan Pedro Giudici asumió en el Juzgado Nacional de Primera Instancia en lo Comercial N° 4, y María Agustina Boyajian Rivas en el N° 22. Asimismo, la Cámara Federal de la Seguridad Social incorporó a Walter Fabián Carnota (Sala II) y Fernando Strasser (Sala III). Dentro del fuero penal económico, Federico Novello fue designado juez de cámara del Tribunal Oral en lo Penal Económico N° 2, y Juan Andrés Moldes, hijo del ex fiscal Germán Moldes, asumió como fiscal ante los Juzgados Nacionales en lo Penal Económico (Fiscalía N° 1).
El decreto 542/2026 también incluyó la nombración de cuatro conjueces para los Juzgados Nacionales en lo Civil con Competencia Exclusiva en Asuntos de Familia y Capacidad de las Personas: Ramiro Santo Fare, Raúl Augusto Montesano, Adrián Jorge Hagopian y Claudia Inés D’Acunto.
En el Ministerio Público, los decretos abrieron espacios para cargos en la defensa pública. Verónica Mabel Polverini fue nombrada defensora pública de menores e incapaces ante juzgados civiles, comerciales y del trabajo (Defensoría N° 7); Felipe Alberto Alliaud, defensor público curador de la Defensoría General de la Nación (Defensoría Pública Curaduría N° 4); Carlos Agustín Parma, defensor público oficial federal con asiento en Mendoza; y Juan Ignacio Lazzaneo, defensor público de víctimas en Entre Ríos.
