La citación judicial resultó de una apelación fiscal a la cual la Cámara Federal de Comodoro Rivadavia dio su visto bueno. Esta decisión se basa en el hecho de que los herederos del socio de los Kirchner no presentaron declaraciones juradas impositivas, lo que atrasó el proceso oficial en un contexto donde la deuda ya estaba próxima a prescribir.
A raíz de las acciones del fisco, que incluyeron la remoción de altos funcionarios en la Patagonia por la lentitud en las investigaciones tributarias, los Báez se ven obligados a comparecer ante la Justicia para desalojar las imputaciones en su contra. Las acusaciones incluyen evasión agravada en relación al Impuesto a las Ganancias y una evasión simple en el caso del Impuesto a los Bienes Personales, en referencia a las nuevas categorizaciones establecidas durante el gobierno de Javier Milei.
De acuerdo con la requisitoria, se solicita que se realice una audiencia para interrogar a Martín Antonio Báez por el delito de evasión tributaria agravada del Impuesto a las Ganancias relativo al ejercicio 2019, argumentando que evadió el pago de $54.664.482,29 mediante la falta de presentación de la declaración jurada correspondiente. También se le acusa de evadir $3.446.117,90 del Impuesto a los Bienes Personales del mismo periodo por no presentar la declaración jurada requerida.
Leandro Antonio Báez, el menor de los hermanos, enfrenta acusaciones similares, aunque su deuda en concepto de Bienes Personales es de $3.211.899,90, algo inferior que la de su hermano.
La Justicia, impulsada por el fiscal César Zárate y la ARCA, recibió el respaldo de la Cámara el 22 de junio pasado y ha comenzado a avanzar en relación a las deudas correspondientes a 2019, mientras se preparan nuevos requerimientos para los años siguientes, en los que se prevé una evasión total que podría superar los 500 millones de pesos.
Los hijos de Báez están convocados a su indagatoria el 6 de agosto por la mañana.
Entre los múltiples activos no declarados, los hermanos Báez no informaron al fisco sobre dos cuentas bancarias, con numeraciones 590201 y 590207, en el CBH Bahamas Limited, una entidad con sede en Nassau, capital de las Bahamas. Estas cuentas, que eran gestionadas por ambos, acumulaban poco menos de 2,3 millones de francos suizos en 2019 y una cifra similar en 2020, equivalente a aproximadamente 2,6 millones de dólares.
Las cuentas, abiertas en 2015, estaban vinculadas a una empresa offshore llamada Eastern Shoreline Limited, encargada de gestionar más de 10 millones de dólares transferidos por Lázaro Báez a Suiza y el Caribe, en un período en el que se hicieron notorios los videos de La Rosadita, donde Martín Báez, entre otros, se mostraba contando billetes.
La lentitud en la investigación sobre los Báez tuvo repercusiones en la ARCA, particularmente en la DGI. En septiembre del año pasado, se publicó en el Boletín Oficial que fueron finalizadas las funciones de responsables en la Oficina Jurídica de la Agencia Sede Comodoro Rivadavia y en la Sección Recaudación de la Agencia Río Gallegos. En el puesto de esta última agencia se encontraba María Victoria Chaves.
En julio, también fue desplazada la abogada Gloria Regina Inojosa, relacionada con Chaves, quien ocupaba la Jefatura Interina de la Agencia Río Gallegos, dependiente de la Dirección Regional Comodoro Rivadavia.
