En términos concretos, la actividad industrial reportó en junio un incremento interanual del 2% comparado con el mismo mes de 2025, según el Índice de Producción Industrial (IPI) del INDEC. Asimismo, la serie desestacionalizada reflejó un crecimiento del 0,9% respecto a mayo. Sin embargo, la variación acumulada en el primer semestre registró una caída del 2,2%.
El último informe de la consultora Industria y Desarrollo, dirigida por el ex economista de la Unión Industrial Argentina Diego Coatz, aborda el estado actual de la industria y las perspectivas a corto plazo. Según la consultora, “siete de las 12 principales cadenas industriales se encuentran entre 30% y 40% por debajo de sus máximos de los últimos diez años y operan, en promedio, con cerca de 40% de capacidad ociosa”. Además, la consultora destacó que “desde diciembre de 2023 se perdieron 3.759 empresas industriales (hasta abril de 2026, último dato). En los primeros 4 meses de 2026, cerraron 1.070 empresas y proyectamos que en lo que queda de 2026 van a cerrar 2.000 empresas más, totalizando más de 3.000 empresas en el año”. También subrayaron que “el cierre de empresas tiene un correlato directo en la pérdida de empleos industriales: estimamos que 2026 va a cerrar con 105.000 puestos industriales menos”.
En definitiva, la discusión sobre la industria argentina vuelve a estar atrapada en una narrativa familiar: cifras negativas que coexisten con algunas positivas, empresarios en una postura a la defensiva y un Gobierno que no se caracteriza por su empatía. En esta ocasión, el detonante fue Luis Caputo, quien se refirió como “tarados” a aquellos que hablaban de la situación de la industria y sustuvo su afirmación con un dato a considerar: entre 2011 y 2023, el sector experimentó una caída del 10% a pesar de los subsidios y la protección.
Sin embargo, el ministro matizó que no se refería como “tarados” a los industriales, sino a aquellos que defienden un modelo anterior que, según su criterio, solo ha hecho crecer el déficit, provocando con ello inflación y pobreza.
La frase de Caputo no quedó sin respuesta. La industria llega a este cruce en un contexto de consumo débil, altas tasas de interés, presión impositiva, problemas de financiamiento, costos logísticos y energéticos, y una política de importaciones que muchos sectores ven más como una amenaza que como un incentivo.
La Unión Industrial Argentina (UIA) reaccionó con una afirmación razonable: “Defender la industria no es incompatible con defender el equilibrio fiscal, la baja de la inflación o una economía más ordenada”.
El dilema subyacente es que ambas posturas presentan argumentos válidos, pero también omisiones. Caputo tiene razón al cuestionar la melancolía por un modelo que prometía un desarrollo industrial, pero que a menudo resultó en precios altos, baja productividad y privilegios mal distribuidos. Sin embargo, se equivoca al suponer que la competitividad puede surgir simplemente por decreto o mediante insultos. Una fábrica argentina no compite únicamente por la voluntad de sus propietarios: también debe enfrentarse a impuestos, acceso al crédito, infraestructura adecuada, economías de escala, avances tecnológicos y un marco normativo predecible.
Por otro lado, también es crucial que la industria evite refugiarse en un lamento constante. Un reclamo por condiciones equitativas será más convincente si se acompaña de una agenda sólida en términos de inversión, productividad, incremento de exportaciones e integración al mercado global. La solicitud de protección sin llevar a cabo reformas internas ya no es suficiente, así como tampoco lo es abrir la economía sin abordar los costos internos que enfrenta.
Este divorcio se manifiesta con especial claridad en el conurbano bonaerense, donde la industria no es un concepto abstracto, sino una red viva de pymes, talleres, proveedores, comercios y empleos familiares. La caída del consumo impacta de manera contundente: disminuye tanto la producción como la actividad económica cotidiana de los barrios. Cuando una planta reduce turnos o una pyme se ve obligada a suspender personal, no solo se cierra una empresa; se frena el movimiento del almacén, el transporte, los proveedores y la economía que circula en torno a cada fábrica.
Diego Valenzuela, actualmente de licencia como intendente de Tres de Febrero, diseñó un sistema de semáforos para la provincia de Buenos Aires que aborda cuestiones que van desde lo fiscal a la infraestructura. Las diferencias en el cobro de tasas y el tamaño de las municipalidades surgen como un tema importante al hablar de competitividad. Hay distritos que, separados por una simple avenida, imponen impuestos distintos, con variaciones que pueden ser significativas dependiendo de si la fábrica se encuentra a un lado o al otro de esa línea imaginaria.
En contraste, las provincias que conforman la nueva economía exportadora, como Neuquén y Río Negro, con la explotación del yacimiento de Vaca Muerta, y San Juan, Catamarca, Salta y Jujuy, enfocadas en minería, litio y cobre, presentan un panorama donde fluyen inversiones, existe una alta demanda de servicios y se llevan a cabo importantes obras de infraestructura. Sin embargo, este dinamismo económico todavía no se traduce automáticamente en beneficios para el viejo entramado industrial del Gran Buenos Aires. La Argentina que avanza gracias a la energía y los minerales convive con otra que enfrenta la desaceleración en sus fábricas dentro de los aglomerados industriales.
