En un comunicado oficial, la Cancillería cuestionó la caracterización hecha por Londres, que tildó el recurso argentino como un intento de “socavar derechos”. “Nada más alejado de la realidad”, subrayó, y agregó que someter diferencias a un tribunal imparcial “es el acto más responsable que puede llevar a cabo un Estado”.
Este pronunciamiento se realizó tras la objeción británica a la decisión de Argentina de iniciar un proceso de arbitraje para frenar la explotación de hidrocarburos en la Cuenca Malvinas Norte, en particular a través del proyecto Sea Lion. Desde el 28 de septiembre, el Gobierno había instruido a la Cancillería y a sus equipos jurídicos para avanzar en este camino.
La posición argentina sostiene que “tanto nuestro país como el Reino Unido son Estados parte de la CONVEMAR” y, al ratificarla, ambos aceptaron los mecanismos previstos para la solución de controversias. “El recurso argentino al arbitraje no busca ‘socavar’ los derechos de nadie, sino resguardar los legítimos derechos del pueblo argentino sobre sus recursos naturales”, añadió la Cancillería.
El comunicado también contestó a las declaraciones de la ministra británica para los Territorios de Ultramar, Uma Kumaran, quien sustentó las actividades hidrocarburíferas británicas en la región. Argentina manifestó que, si el Reino Unido considera que esas actividades se ajustan al derecho internacional, debería “defender su posición” ante los árbitros independientes que intervengan en el procedimiento.
Además, la Cancillería recordó que la comunidad internacional reconoce desde hace décadas la existencia de una disputa de soberanía sobre las Islas Malvinas, las Georgias del Sur y Sandwich del Sur, así como sobre los espacios marítimos circundantes. Citó, en este marco, la Resolución 2065 de la Asamblea General de las Naciones Unidas, que instó a ambas partes a avanzar en negociaciones para encontrar una solución pacífica al conflicto.
Asimismo, afirmó que la exploración y explotación unilateral de recursos naturales en el área en disputa implica una modificación unilateral de la situación, situación que Argentina ha venido objetando a través de vías diplomáticas.
Finalmente, el Gobierno argentino rechazó la apelación británica al principio de libre determinación de los pueblos en relación a los habitantes de las islas, señalando que este criterio no ha sido aplicado por las Naciones Unidas en el caso de Malvinas. “La República Argentina reafirma su permanente disposición a reanudar las negociaciones bilaterales sobre la Cuestión de las Islas Malvinas”, concluyó el comunicado, reiterando su compromiso de defender sus derechos mediante “el diálogo, la diplomacia y el derecho internacional”.
