“Claramente no son los beneficiarios del modelo, pero no lo vamos a modificar”, afirman desde la administración nacional. La visión oficial sostiene que la industria manufacturera tradicional enfrenta una competencia intensificada y ha perdido parte de la protección de la que gozó en décadas anteriores, mientras que se espera que las actividades con capacidad exportadora aumenten su relevancia.
En otras dependencias gubernamentales se prefieren evitar una nueva confrontación pública con la cúpula fabril, incluso ironizando sobre los reclamos. “No vimos las críticas”, es la respuesta que se brinda. Hasta el momento, el presidente no tiene previsto emitir un pronunciamiento específico ni se anticipan cambios en las políticas económicas a partir de estos planteos empresariales.
El presidente de la UIA, Martín Rappallini, expresó hoy que la economía no debe ser evaluada únicamente en función de la inflación, sugiriendo que debe considerarse también el nivel de actividad. En este contexto, pidió construir un “puente” entre el modelo productivo anterior y el que propone el Gobierno. Rappallini subrayó que la producción industrial está un 10% por debajo del nivel de 2022 y que desde agosto de 2023 el sector ha perdido alrededor de 90.000 trabajadores registrados.
Además, Rappallini cuestionó el tono utilizado por algunos funcionarios nacionales y llamó a “dejar atrás las descalificaciones y las agresiones hacia quienes producen”. Antes de este evento, el vicepresidente de la entidad, Guillermo Moretti, había elevado el tono de sus críticas, acusando al Gobierno de llevar adelante una política de “desindustrialización”. El único representante de alto nivel presente fue el secretario de Coordinación de Producción, Pablo Lavigne.
Según los últimos datos oficiales, la situación industrial se presenta como bastante heterogénea. En junio, el índice de producción manufacturera del INDEC mostró un incremento del 2% en comparación con el mismo mes de 2025 y un 0,9% respecto de mayo, en términos desestacionalizados. Sin embargo, el acumulado del primer semestre se sitúa un 2,2% por debajo del mismo periodo del año anterior, con una utilización de la capacidad instalada del 59,1%, ligeramente superior al 58,9% del año pasado.
El tema del empleo se ha convertido en otro de los puntos de contención. El informe más reciente del SIPA indicó que en mayo había 12,751 millones de trabajadores registrados, lo que representa una disminución del 0,9% en relación con el año anterior, y 6,11 millones de asalariados privados, con una leve baja mensual de 0,1%. La industria manufacturera se encuentra entre los sectores que más puestos de trabajo formal han perdido desde 2023, un hecho que el Gobierno no ignora.
La respuesta oficial intenta ampliar el enfoque más allá del empleo formal. Federico Sturzenegger señaló el fin de semana pasado que, durante la gestión, se han incorporado alrededor de 500.000 personas al mercado laboral, argumentando que este cambio está vinculado al crecimiento de modalidades de trabajo independiente y monotributistas. A pesar de reconocer la caída del empleo asalariado registrado, afirmó que los puestos no asalariados han aumentado en 491.000 durante los últimos tres años.
La Encuesta Permanente de Hogares más reciente ubica la tasa de empleo en 44,8% y la desocupación en 7,8% durante el primer trimestre de 2026. En la Casa Rosada utilizan estos indicadores para contrarrestar la noción de una destrucción generalizada del empleo, argumentando que la problemática se concentra en sectores y modalidades de contratación específicos.
Un argumento recurrente en el Ejecutivo es que la economía está transformando su matriz productiva, y que los sectores más dinámicos ya no coinciden necesariamente con aquellos que lideraban el crecimiento en otros momentos. Sturzenegger planteó que los sectores de energía y minería crecerán por encima del promedio, y anticipó que este proceso podría extenderse hacia industrias vinculadas a esos recursos.
Los datos de estos sectores evidencian hasta ahora una notable diferencia con la manufactura. En junio, la producción minera creció un 11,4% interanual y acumuló un aumento del 8,4% en el primer semestre. Dentro de este índice, la extracción de petróleo y gas, junto con sus servicios asociados, incrementó en un 8,9% en comparación con el mismo mes de 2025 y un 6,3% en los primeros seis meses.
Vaca Muerta consolidó esta tendencia en julio, alcanzando una producción de 643.100 barriles diarios de petróleo, un 26,4% más que el año anterior, mientras que la extracción de gas llegó a 96,5 millones de metros cúbicos diarios, con una mejora del 5,9% interanual. Además, la producción total de petróleo del país marcó un récord de 916.200 barriles diarios.
Desde el área de Economía sostienen que este desvío hacia la energía, minería, agroindustria y actividades exportadoras no implica un abandono de la industria, sino una modificación en las condiciones bajo las cuales se compite. Caputo aseguró en junio que el modelo anterior había perjudicado al sector a través de déficit, inflación, imposiciones tributarias, regulaciones y escaso acceso al crédito, y consideró que el crecimiento en los sectores energéticos y mineros podría beneficiar a otras ramas productivas.
El ministro ya había mantenido un fuerte cruce con la UIA a inicios de agosto. Tras criticar a quienes defendían las políticas industriales de gestiones anteriores, aclaró que sus observaciones no estaban dirigidas contra los empresarios fabriles, sino contra ese sistema económico. Días después, indicó que la producción industrial se encontraba aproximadamente un punto por encima del nivel que tenía al inicio de su gestión. “No quiere decir que estamos bien, quiere decir que vamos bien”, subrayó.
La Casa Rosada también reconoce varios aspectos de la competitividad que señala la UIA, tales como la presión fiscal, los costos logísticos, el acceso a financiamiento y la infraestructura. Sin embargo, la discrepancia radica en el enfoque para resolver estos problemas: el Gobierno se opone a regresar a esquemas de protección sectorial y descarta la posibilidad de alterar el programa económico.
