Este jueves, el Tribunal Oral Federal (TOF) N°2 notificó al Registro de la Propiedad Inmueble sobre la medida, que se aplica al inmueble donde reside la exmandataria y fue solicitada nuevamente por el fiscal Diego Luciani.
En el fallo emitido el 12 de agosto, el tribunal, conformado por Jorge Gorini, Rodrigo Giménez Uriburu y Andrés Basso, ordenó proceder con el embargo de bienes inscritos a nombre de Los Sauces S.A. y Hotesur S.A., las sociedades inmobiliarias y hoteleras asociadas a la familia Kirchner, cuyas acciones están actualmente en manos de Máximo y Florencia Kirchner.
La lista de bienes incluye unidades en el Complejo Madero Center, el hotel La Aldea del Chaltén, así como otras propiedades en El Calafate y Río Gallegos.
El fiscal busca proteger el patrimonio familiar ante un posible decomiso que podría ascender a cerca de $685.000 millones, cifra resultante de la actualización del perjuicio económico determinado en el juicio por la adjudicación irregular de 51 licitaciones de obra vial al Grupo Austral de Lázaro Báez entre los años 2003 y 2015.
Cabe señalar que esta medida no contempla una subasta inmediata ni altera, por el momento, la titularidad registral del departamento.
El embargo sobre San José 1111 se suma a un prolongado historial de embargos sobre activos vinculados a la familia Kirchner. Las acciones de Los Sauces y Hotesur han estado sujetas a medida cautelar desde 2017, cuando ambas compañías comenzaron a ser investigadas por sospechas de lavado de dinero derivadas de sobreprecios en la obra pública de Santa Cruz.
Según las investigaciones, dichas empresas facturaron alquileres de hoteles y propiedades a contratistas como Báez y Cristóbal López, supuestamente para dar una apariencia de legalidad a los retornos de dinero.
Esa causa ha derivado en un juicio oral, el cual se ha mantenido en el tiempo a pesar de idas y vueltas en cuanto a sobreseimientos y reaperturas, y que sigue sin resolverse.
Mientras tanto, la Justicia ha mantenido bloqueados alrededor de 50 inmuebles y cerca de U$S 6 millones en efectivo, incluidos departamentos en Puerto Madero, quintas en El Calafate y unidades en Río Gallegos, los cuales en total están valorados en más de $9.000 millones.
El más reciente embargo sobre el departamento en San José 1111 representa un avance notable: es la primera vez que una medida cautelar impacta directamente en el inmueble donde la condenada cumple su detención, dentro del marco de una ejecución patrimonial que la fiscalía busca intensificar mientras avanza paralelamente en la definición del decomiso.
