Este proceso se desarrolla luego de la sesión anterior, donde se aprobaron 74 pliegos, entre ellos el de María Verónica Michelli, a pesar de que Javier Milei había solicitado su retirada.
Entre los candidatos se encuentra Leopoldo Jorge Rago Gallo, actual juez federal en San Juan, quien ha sido propuesto para continuar otros cinco años al frente del Juzgado Federal de Primera Instancia N°2 de esa provincia. Por otro lado, Víctor Arturo Pesino, candidato cuya propuesta ha generado numerosas críticas, busca extender su mandato como vocal en la Sala VIII de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo en la Capital Federal.
Los otros postulantes son María Claudia Jueguen como vocal de la Sala X, Marina Edith Pisacco para la Sala VI, Diego Javier Tula para la Sala II, Diego Fernando Manauta para la Sala V y Claudio Fabián Loguarro, quien también está propuesto como vocal de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo.
El bloque justicialista, liderado por José Mayans, ha manifestado su oposición al pliego de Pesino debido a su desempeño en causas laborales relevantes. Uno de los argumentos planteados fue su rechazo a las presentaciones contra la reforma laboral que impulsó, en primera instancia, la Confederación General del Trabajo (CGT). Asimismo, se lo critica por haber anulado las elecciones del gremio de la UOM y por haber dictado la intervención del sindicato.
En el bloque de Mayans, tras reunirse con el secretario general desplazado de la UOM, Abel Furlán, se afirmó: “Este ataque contra la UOM está claramente alineado con las políticas de industricidio desplegadas por la administración de Javier Milei; en lo que va del actual gobierno se perdieron 25 mil puestos de trabajo en el sector, y el poder adquisitivo del salario de los metalúrgicos se ha reducido en un 20%”.
Pesino fue uno de los jueces que respaldó la intervención de la UOM y formó parte del tribunal que desestimó el pedido de la CGT respecto a la reforma laboral. Varios asistentes a la reunión con Furlán sostuvieron que estas decisiones evidencian un aparente intercambio de favores entre el postulante y el gobierno.
Durante dicho encuentro, también se mencionó que “la medida judicial busca disciplinar y castigar a la conducción de la UOM por ser uno de los gremios más críticos de las políticas de ajuste y destrucción de la industria promovidas desde el Poder Ejecutivo”.
La Asociación Latinoamericana de Abogados y Abogadas Laboralistas (ALAL), bajo la presidencia de Matías Cremonte, también ha expresado su oposición al envío del pliego de Pesino al Senado. “El juez Pesino, tras favorecer al Gobierno del presidente Javier Milei al implementar la reforma laboral, solicita al Senado la prórroga de su mandato. La abogacía laboralista, en unidad, les pide a los senadores que, por el bien de la Justicia, rechacen esta solicitud”, declararon desde la entidad.
Pesino es parte de la Cámara Nacional de Apelaciones del Trabajo y, al haber alcanzado los 75 años, necesita un nuevo acuerdo del Senado para continuar. Este proceso es resistido por diversas asociaciones de abogados laboralistas y sectores sindicales.
Otra crítica al pliego provino del abogado laboralista Pablo Gastón Llopart, quien cuestionó la actuación de Pesino en un caso relacionado con un trabajador de 65 años, trasplantado renal y con sarcoma de Kaposi, que fue internado de urgencia y estaba a la espera de una sentencia. Según la denuncia, el juez demoró 18 meses en resolver el caso sin solicitar la autorización de su superior, tal como exige el Reglamento para la Justicia Nacional. La resolución que finalmente emitió fue ambigua, lo que llevó a que ambas partes solicitaran aclaraciones el mismo día para comprender qué había decidido el tribunal.
Los fundamentos del fallo proponían validar un acuerdo indemnizatorio impugnado por el trabajador tras su despido, mientras que la parte resolutiva ratificaba la sentencia de primera instancia que había declarado dicho acuerdo nulo. Es decir, existía una contradicción entre los fundamentos y el dispositivo de la resolución.
El fiscal general interino propuso anular todo lo actuado, y Pesino terminó confirmando la nulidad de su propio fallo. El trabajador lleva ya nueve años desde su despido sin una sentencia definitiva.
Mientras se llevan a cabo las audiencias en el Senado, la Unión de Empleados de la Justicia de la Nación (UEJN), que dirige Julio Piumato, planea un paro el 9 de junio en el Fuero Nacional del Trabajo y una movilización en defensa de esa jurisdicción. Esta medida es parte de su lucha contra el proyecto de traspaso de la Justicia Laboral a la Ciudad de Buenos Aires. El Gobierno podría avanzar en los próximos días con el traslado de este fuero de la órbita nacional a la jurisdicción porteña.
Desde la UEJN destacan que la Justicia Laboral desempeña un rol crucial en la resolución de conflictos entre trabajadores y empleadores, y advierten sobre las posibles consecuencias institucionales que podría tener esta transferencia.
Pagotto aún no ha logrado reunir las mayorías necesarias para que otros pliegos, que permanecen detenidos en la Comisión de Acuerdos, obtengan las firmas suficientes para ser tratados en el pleno. Se requieren al menos nueve firmas.
Entre estos postulantes se encuentran los jueces Alejandro Catania y Juan Galván Greenway, quienes han sido señalados por sus supuestos vínculos con el presidente de la AFA y su tesorero. Ambos magistrados han conseguido ocho firmas y están a una de alcanzar la mayoría necesaria para que sus nombramientos sean considerados en la sesión del Senado.
En un contexto más complicado se encuentra el pliego de Juan Manuel Mejuto, que enfrenta críticas por parte de sectores de la UCR y del PRO debido a su aparente cercanía con el kirchnerismo y la agrupación Justicia Legítima. Hasta el momento, su nombramiento ha logrado solo tres firmas.
