Es cierto que todavía falta bastante tiempo, pues las elecciones están a un año de distancia. Pero veamos la línea de tiempo para entender por qué resulta inconveniente que el gobierno cometa “tiros en el pie”. Javier Milei ha cumplido ya un 70 por ciento de su mandato, por lo que le queda solo un tercio, es decir, un 30 por ciento. ¿Cuántos meses faltan hasta diciembre? Catorce meses. Y dado que las elecciones se llevarán a cabo dos meses antes, significa que habrá algo más de un año para preparar la estrategia electoral.
Es fundamental considerar cómo la ciudadanía toma decisiones en las urnas, siendo que la mayor parte de estas se define en los últimos cuatro a dos meses previos al sufragio. La atmósfera propicia que busque generar el gobierno debe cultivarse varios meses antes de la votación, es durante ese tiempo que las personas consolidan su elección.
¿Y cuál es la moraleja de esta línea de tiempo? Que no queda tiempo infinito, y que el gobierno no puede permitirse cometer errores fatales: no debe hacerse “tiros en el pie”.
Esta afirmación se vuelve aún más relevante a la luz del nuevo Presupuesto que se intenta presentar, el cual ya ha provocado un gran revuelo. La primera que alzó la voz fue Patricia Bullrich, quien actuó como un disyuntor que activa el sistema al advertir que no estaba dispuesta a aceptar un presupuesto que consideraba inaceptable. No se sentía representada por lo que se había discutido en la mesa política.
El segundo síntoma de descontento llegó con la renuncia del secretario nacional de Discapacidad, Alejandro Vilches, quien dejó su cargo alegando motivos personales. Sin embargo, detrás de esto se encuentra un conflicto vinculado a las áreas que se verían comprometidas por el nuevo Presupuesto. ¿Cuántas personas forman parte de la comunidad de la discapacidad en Argentina? Podrían ser entre tres y cuatro millones. Si sumamos a familiares y cuidadores, es probable que el total ascienda a seis o siete millones.
Con la propuesta de este Presupuesto, el gobierno está afectando potencialmente a una amplia porción de la población que se siente relegada, considerando que la comunidad de la discapacidad no debería ser vista como un “pato de la boda”. En la iniciativa gubernamental se planteaba la desindexación, es decir, se corría el mecanismo de autoajuste de los valores destinados a discapacidad, además de la anulación del nomenclador.
Este nomenclador establece un mínimo de ingresos que deben cumplir los proveedores de servicios para personas con discapacidad, incluyendo los costos de transporte y atención terapéutica, garantizando que todos ellos perciban una tarifa mínima, independientemente del tipo de obra social con la que cuenten. El objetivo era evitar que algunos prestadores se aprovecharan de la vulnerabilidad de estos colectivos.
El resultado de estas medidas fue un absoluto escándalo político. Patricia Bullrich, sintiéndose traicionada, advirtió sobre las consecuencias que esto podría tener, dejándole clara a la política que no estaba dispuesta a ser considerada ingenua.
Luego de la renuncia del secretario, trascendió la información de que el nomenclador no sería eliminado. Aunque la intención inicial era desregularlo, finalmente se decidió que se mantendría. Sin embargo, aún está en debate la frecuencia de las actualizaciones, que actualmente son mensuales, y podría pasar a ser bimestral, lo que seguiría representando una desventaja. Si los ajustes se realizan cada dos meses, y considerando los retrasos que muchas veces enfrentan los pagos, esto también causará malestar en las comunidades afectadas.
A pesar de que la inflación parece ir a la baja, todavía persiste la preocupación en torno a los efectos económicos. También se discute la continuidad de pensiones por discapacidad para aquellos que trabajan, un tema altamente sensible, dada la precariedad laboral que enfrentan muchos jóvenes que reciben estas ayudas. Sin embargo, parece que se ha decidido mantener estas pensiones, lo que representa un alivio para muchos.
Es fundamental evitar caer en un terreno propenso a los errores, ya que ese tipo de decisiones podría provocar un daño político considerable. En el horizonte también surge la interrogante sobre el futuro de la Asignación Universal por Hijo (AUH). Esta asignación, antes automática en sus ajustes, representaba un logro del gobierno y una manera de contrarrestar el discurso de insensibilidad que lo rodea. La pregunta que surge es: ¿qué sucederá con la AUH en la llegada del nuevo Presupuesto?
El tiempo avanza y las narrativas pueden volverse en contra del gobierno. Mientras Milei aborda cuestiones de proyección internacional, como la soberanía de Malvinas, en el ámbito interno se refleja una discusión que podría afectar el bienestar de la seguridad social del país.
El desafío para el gobierno radica en aprovechar este momento, aunque los márgenes para realizar mejoras son limitados. Bajando un nivel, Axel Kicillof está comenzando a abrirse paso, y una novedad que sorprende en el kirchnerismo es que parece haber un político que busca encarar un kirchnerismo más intenso, pero sin la tutela de Cristina Kirchner ni de Máximo Kirchner.
Históricamente, el kirchnerismo ha sido visto como una organización piramidal, donde primero estaban Néstor y luego Cristina, con un camino designado para quienes ocupaban el poder. Se habría intentado un giro hacia el centro con figuras como Daniel Scioli, y más tarde se optó por Alberto Fernández, un político cuyo liderazgo terminó enfrentando críticas. Luego apareció Sergio Massa, una opción criticada pero que claramente fue aceptada en un momento de crisis.
En cambio, lo que Kicillof propone es algo sin precedentes. Afirma que no está dispuesto a ser controlado desde afuera. “No quiero un armado peronista que dependa de un control remoto”, ha declarado, en una clara alusión a los movimientos orquestados desde la estructura del partido. Esta postura resulta inusual, teniendo en cuenta que Kicillof proviene del entorno cercano a Cristina. La lejanía y la falta de comunicación entre ambos han generado tensiones que difícilmente se puedan reparar.
La imagen que se dibuja es la de un Kicillof desafiando la autoridad histórica y tratando, al mismo tiempo, de sellar la herida que pueda surgir del rencor. La palabra “traidor” pesa en su nueva relación con el kirchnerismo y representa una emoción compleja de gestionar.
A pesar de todo esto, Kicillof ha dejado claro que no se identifica con Milei. La cuestión es qué modelo será el que prevalezca en un futuro no muy distante. La idea de la motosierra, con su enfoque de ajuste, puede ser un riesgo en un contexto electoral.
El gobierno enfrenta el dilema de saber si existe la posibilidad de presentar otra opción política que no esté marcada por el ajuste. ¿Logrará Milei encontrar un espacio que permita otra narrativa diferente a la que ha impuesto desde su llegada? La polarización política y la falta de propuestas concretas lo convierten en un desafío monumental.
La pregunta fundamental que surge es si los electores, tras haber avalado un ajuste en 2023, estarán dispuestos a repetir ese apoyo para un nuevo gobierno que mantenga esas políticas. La percepción de que quedarían atrapados en un ciclo de medidas de ajuste puede ser una barrera que impida que el 56 por ciento de apoyo electoral se repita en un futuro.
Por último, si Patricia Bullrich fue vista como el disyuntor dentro de este panorama, la incógnita se mantiene: ¿es realmente una figura que puede ofrecer alternativas o representa la fricción en un camino de transformaciones necesarias? Kicillof parece alzarse como una figura que lucha por ser escuchada y que desea evitar ser solo un títere del pasado político, reclamando autonomía en un escenario de modernización.
En conclusión, la capacidad del gobierno para evitar retrocesos es crucial ante un ambiente que se percibe cada vez más hostil, mientras Milei se enfrenta a un desafío que va más allá de la simple implementación de políticas de ajuste; debe limpiar su imagen pública y proponerse un futuro diferente al que sugiere la motosierra.
